El primer párrafo de las conclusiones del informe histórico sobre la Guerra Sucia en México plantea una petición directa a Vicente Fox: “Que el Estado pida perdón y se comprometa a redoblar esfuerzos para evitar la impunidad y establecer condiciones que permitan conocer el destino de los desparecidos”.
Son las conclusiones del último borrador del informe que fue entregado la noche del 15 de diciembre del 2005 a Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal especial para delitos del pasado. Para los autores de este documento, la seriedad con que las autoridades tomen este informe y sus recomendaciones “equivaldría a un acto fundacional de dar vuelta a una página negra de nuestra historia”.
Cada una de las páginas impresas tiene la leyenda: Último Borrador. Este último borrador tiene todas las características y formatos para una entrega oficial. La página con que abre contiene los nombres de los destinatarios: Vicente Fox Quesada, presidente de la República; Daniel Cabeza de Vaca Hernández, procurador General de la República; Ignacio Carrillo Prieto, fiscal especial. Ahí están los créditos de los investigadores y los capítulos.
El último borrador que se comienza a identificar como “¡Que esto no vuelva a suceder!”, fue realizado por más de 20 investigadores adscritos a la Dirección General de Esclarecimiento Histórico. La coordinación estuvo a cargo de José Sotelo Marbán y entre el equipo de trabajo se encuentran Alberto López Limón, José Luis Moreno Borbolla, Agustín Evangelista Muñoz, Antonio Lozano Flores, Augusto Rentería Martínez, Olga Murguía Carmona, Yadira Sánchez López, Pablo Martín Tasso, Angélica Rodríguez Lara, Rosa Mariana Ramírez y Sylvia Granillo.
En las primeras páginas se lee que, al concluir esta investigación, se constató que el Estado mexicano, desde los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a sectores de la población que se organizaron para exigir participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión.
“El combate que el Estado emprendió contra esos grupos nacionales
—que se organizaron en los movimientos estudiantiles y en la insurgencia popular— se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio —al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo”.
En cuanto a la metodología, en las primeras páginas se explican algunos rasgos importantes de los criterios que la policía política y los aparatos de inteligencia civiles y militares siguieron. “Una de las razones por las que esta documentación se conservó es que la información allí contenida es la clave para cumplir con la función de control político que tenían encomendada y que el sistema político la necesitaba para manejar la disidencia y, en caso de ser atisbada por terceros, está hecha para desinformarlos ya que, deliberadamente, falsea hechos clave”.
El informe consta de dos partes y tiene un capítulo de conclusiones y recomendaciones. La primera parte corresponde a seis capítulos que se refieren a la revisión e interpretación de los movimientos sociales; la segunda, de otros seis capítulos, presenta un análisis de los principales crímenes cometidos, de los mecanismos que el Estado utilizó para “desvirtuar la legitimidad del poder y de la intervención de la sociedad civil con la verdad y la justicia”.
El documento incluye un repaso general a la historia mundial y nacional. Una síntesis de lo que cada uno de los presidentes mexicanos representó para los movimientos sociales. Sobre Luis Echeverría se anota: “Echeverría se caracterizó por su política de doble juego. Por un lado, impulsó la ‘apertura democrática’. Durante 1970-71 puso en libertad a la mayoría de los doscientos presos políticos heredados por los sucesos del 68 y del movimiento ferrocarrilero de 58-59. Mientras que, por otro lado, la prioridad del régimen fue la contención y la represión de la disidencia.
“Adoptó la doctrina de seguridad nacional y las tácticas contrainsurgentes que instrumentó en todo el país, con toda su cauda de crímenes de lesa humanidad, y creó grupos paramilitares que le hicieron el trabajo de golpear y asesinar estudiantes y trabajadores.
“Se negó a investigar el origen del apoyo oficial al terrorismo de derecha e incrementó los asesinatos selectivos sobre dirigentes populares, estudiantiles, campesinos, sacerdotes y sindicales. Estableció un política de genocidio contra los grupos nacionales disidentes”.

“Que no se proteja a militares”
En el apartado sobre la violencia estructural se considera que no fue el pueblo el que inició la violencia, sino que respondió a ésta como última posibilidad de acción después de agotar todos los recursos legales, y de resistencia pacífica que le fueron posibles. “El Estado fue el que generó la violencia en el periodo que aquí se analiza… Ante las demandas sociales, el sistema político estigmatizó a los demandantes, comenzando por llamarlos opositores”.
Sobre los crímenes de lesa humanidad, en las conclusiones se afirma que la investigación acredita que un número considerable de servidores públicos cometieron violaciones a los derechos humanos. Aún más: por el tipo de ofensa que infligieron a la dignidad humana, cometieron delitos de lesa humanidad; y, por la forma sistemática en que ocurrieron, anularon el estado de derecho. “Muchos de los crímenes cometidos se realizaron como modus operandi de corporaciones, con el apoyo de los cuadros políticos en el poder”.
Uno de los temas más sensibles de este informe ha sido el papel que asumió el Ejército mexicano durante la Guerra Sucia. De hecho, ésta es sin duda la pieza más relevante del informe, sobre todo en sus operaciones en la montaña de Guerrero (emeequis 4) y a la luz de lo que en los últimos años se ha publicado sobre el tema.
El informe señala que el ejército “tuvo por encomienda perseguir a la propia población civil connacional peor que si se tratara de enemigos; sirvió a políticos corruptos, a caciques y a grupos en el poder realizando tareas ajenas e incluso contrarias a su razón de ser; mantuvo y mantiene amplias zonas del país como ejército de ocupación interna”.
“La justicia militar ha sido omisa al castigar y, por ende, ha favorecido la impunidad y la corrupción. Los mandos que no participaron directamente en los crímenes, se han hecho cómplices de los criminales por varias vías: ocultando información, manteniéndolos dentro de sus filas e incluso promoviendo sus ascensos”.
Frente a esto, el informe recomienda que el ejército mexicano se constituya en una institución digna…
“Los militares mexicanos deben quedar sujetos, en tribunales civiles, a la normativa general de los derechos humanos; y en toda guerra, al derecho humanitario…
“El fuero militar no excluye a los militares de la justicia civil en lo que concierne a la normativa general. La debida obediencia no excluye la responsabilidad individual en ningún tipo de crimen que se cometa”.
“Es indispensable que (el ejército mexicano) ofrezca la información necesaria para que se conozca la suerte de todos los desaparecidos que pasaron por sus instalaciones, que aporte la información más directa de los militares implicados en estos hechos, y que deje de jugar a una aparente justicia militar dejando en manos de civiles el juicio de lo acaecido”.

Localizar a desaparecidos
Otro de los asuntos que destaca en las conclusiones es el destino de los detenidos-desaparecidos. Dar cuenta del paradero de éstos es un acto de justicia y de humanidad hacia los familiares que durante décadas han recorrido diferentes instancias nacionales e internacionales, por lo que se recomienda, en primer instancia, el reconocimiento explícito del Estado de haber utilizado la desaparición forzada como un método de intimidación, combate y eliminación de los grupos nacionales disidentes.
En el último párrafo del informe se sugiere la formación de dos comités, uno que dé seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y otro, de reparaciones en cuanto a restitución, rehabilitación, satisfacción y compensación. “(Que) se prepare un evento de desagravio —que se pida perdón y se establezcan nuevas condiciones para deslindar complicidades y profundizar en las condiciones para que conozca el destino de los desaparecidos y haya justicia”.
Carlos Montemayor, autor de Guerra en el paraíso, escribió esta semana sobre el informe. En sus entregas publicadas en La Jornada reconoce que “la investigación realizada por los historiadores de la fiscalía, lograda a pesar de la falta de apoyo, de recursos e, inclusive, de sueldos, constituye un avance importantísimo en el esclarecimiento de nuestra memoria histórica reciente que no debe subestimarse, ocultarse ni mucho menos extraviarse. Quizá está preparándose el terreno para minimizar esta documentación, en particular, por la tardanza en asumir oficialmente los resultados”.
En gran medida tiene razón. La misma fecha para la entrega del informe y desaparición de la fiscalía, 15 de abril, es la más propicia para que todo pase de noche, inadvertido. El 15 de abril será sábado, uno de los días centrales de la Semana Santa. Como si la intención de la fiscalía y del gobierno fuera salirse, otra vez, por la puerta de trasera de la historia.