Oaxaca arde de noche.
El calor de las llamas de al menos 300 barricadas irradian las calles de la ciudad. Su reflejo alcanza el rostro de los ciudadanos, lleno de temor y desesperanza.
Quien recorre las calles de noche sin duda muestra su valentía, porque pudiera no llegar a su destino si la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca le impide el paso por las barricadas por considerarlo sospechoso. También corre el riesgo de toparse con algún operativo del gobierno que pudiera convertirlo en detenido.
Hoy vivir en Oaxaca representa todo un desafío a la paciencia, porque día a día las acciones del gobierno y de la Asamblea Popular hunden a la ciudadanía en el caos.
Mientras la APPO y el gobierno del estado se disputan el poder, no hay un solo trámite que el ciudadano pueda concretar, no se respetan los semáforos, cada día cierra un negocio y no hay vigilancia en las calles.
Los vecinos saben que ninguna autoridad acudiría a un llamado de auxilio, porque la presencia de las patrullas podría encender a los manifestantes. Por eso existen 190 comités vecinales en toda la ciudad que se encargan de la vigilancia de las calles con un rústico sistema de silbatos.
Todos los vecinos de cada cuadra cuentan con un silbato y cada hora debe sonarse una vez para saber que se mantiene la vigilancia. Cada colonia tiene una hora para sonarlo, de manera tal que el silbido cruza la ciudad.
Si en algún momento se escuchan dos silbidos se trata de una alerta para saber que algún sospechoso ronda las casas y si son tres los hombres, saben que deben salir para detener a alguien.
El gran problema es que no hay autoridad a quien entregar a los delincuentes. Unas veces los amarran a los postes y ahí los dejan un rato para escarmentar.
Si se trata de un sujeto peligroso, algunos optan por entregarlos a la Asamblea Popular, porque saben que ellos aplicarán un correctivo. La APPO exhibe a sus detenidos en el kiosco del zócalo. Ahí los abuchean, les gritan, les pegan y les amarran carteles de burla. Después los sueltan.

En este estado, en el que siempre se disputan los primeros lugares en indicadores negativos a nivel nacional, día a día se echa mano de los consejos de protección y sobrevivencia que circulan entre familiares y amigos.
“No salgas tarde porque ya van a estar las barricadas”. “Si no te dejan pasar, no discutas y trata de buscar otra ruta para tu casa”. “Si escuchas balazos corre y escóndete detrás de un carro o de un poste”. “Si te detienen del gobierno di que votaste por Ulises”. “Si te detiene de la Asamblea Popular di que estás a favor del magisterio y estuviste en las cinco megamarchas”. “Si te quieren asaltar usa el silbato”. Para el resto de los lectores del país, estos consejos resultan hasta simpáticos, pero para los oaxaqueños describen que esta ciudad ya tocó fondo.
En un inicio la mayoría de la ciudadanía simpatizaba con el movimiento magisterial. No es gratuita la estadística popular de que en cada familia al menos hay un maestro. El plantón en el zócalo era parte del calendario de la entidad y ya no sorprendía a nadie.
Todos esperaban del gobierno del estado la misma conducta que en años anteriores, un par de semanas de negociación, tal vez un mes, llegaría el acuerdo y concluiría el plantón.
Pero el avance del calendario ejercía cada vez más presión. Temían la llegada del 2 de julio y que los profesores continuaran en el zócalo oaxaqueño. Entonces la desesperación ganó y el 14 de junio se ordenó desalojar a los profesores.
Las cosas no han cambiado mucho desde ese día. El fuego que ese día encendieron los policías ministeriales en el campamento que el magisterio instaló en el zócalo, es igual al que se enciende todas las noches para alumbrar las barricadas.
El temor de la ciudadanía es el mismo. Miedo a lo desconocido, porque nunca en la historia moderna de Oaxaca se había vivido conflicto similar. Nunca se había tenido que modificar a tales grados la vida de la ciudadanía.
Ahora las noches representan graves riesgos, porque al amparo de la oscuridad, tanto el gobierno del estado como la Asamblea Popular se imponen a la ciudadanía.
El gobierno aplica operativos nocturnos en los que los elementos policiacos son encapuchados o vestidos de civil. Se les sube a las camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública y dan recorridos por las barricadas para intimidar a los manifestantes.
Este procedimiento ya lleva a cuestas un muerto, Lorenzo San Pablo, a quien le dispararon por la espalda mientras resguardaba la barricada que protege la estación radiofónica La Ley, tomada por la Asamblea Popular.
Lo que ocurrió esa noche refleja la manera en que operan los efectivos policiacos y los grupos de choque del gobierno oaxaqueño. La madrugada del 21 de agosto el director de la Policía Ministerial, Aristeo López Martínez, tomó a 300 efectivos para realizar el operativo.
Él comandaba el operativo a bordo de una motocicleta, pistola en mano y encapuchado. Le seguía el director de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas, quien aseguró a los medios que el operativo tenía como objetivo recuperar los numerosos vehículos que la APPO tenía en su poder.
Al llegar a la estación radiofónica La Ley dispararon contra los manifestantes, hiriendo de muerte a Lorenzo San Pablo. Después, el convoy de 30 camionetas se resguardó en la perrera municipal del municipio de Xoxocotlán, aledaño a la capital.
Estos operativos son llamados por los miembros de la Asamblea Popular como “caravanas de la muerte”, y fue a raíz de éstos que las barricadas se multiplicaron en la ciudad.
Pero los miembros de la APPO también han cometido excesos. El más publicitado es el que ocurrió con el periodista Ricardo Rocha, pero la cadena es larga. Uno ocurrió el 7 de septiembre, cuando ingresaron por la fuerza a una casa en la que operaba la Secretaría de Protección Ciudadana.
Los manifestantes le encomendaron a un niño de 13 años que se brincara a la casa y abriera la puerta y así lo hizo. Como el niño tardaba le enviaron refuerzos. Entonces éstos salieron gritando que habían golpeado al menor y tenían detenido al responsable, Andrés Quevedo Martínez, secretario particular del titular de la dependencia.
Este funcionario no corrió con la misma suerte que Rocha, quien pudo salir ileso. A Quevedo Martínez lo detuvieron y le propinaron una golpiza que aún hoy le causa estragos.
Los manifestantes alentaron al niño para hacerse justicia por su propia mano y golpeó a su agresor con un palo. Después le dio puñetazos y patadas mientras los demás se lo detenían. Después se lo llevaron al zócalo para amarrarlo y exhibirlo en el kiosco.
Con estas acciones la APPO y el gobierno pretenden mostrarse mutuamente la fuerza que concentran, demostraciones que han prolongado este conflicto más de cuatro meses y que tiene maniatada a la ciudad.
Mientras los dirigentes del movimiento magisterial-popular exigen la salida del gobernador y éste planea como mantenerse en el puesto, los ciudadanos tienen que recurrir al empeño para solventar los gastos diarios del hogar.
De acuerdo con el Monte de Piedad en Oaxaca, 70 por ciento de los usuarios que han registrado este mes son maestros, quienes no han recibido las últimas dos quincenas de su sueldo.
En los bancos se incrementaron 40 por ciento las solicitudes de préstamo, en su mayoría de pequeños comerciantes que intentan sobrevivir a la crisis. El sector turístico ya calcula las pérdidas en más de cuatro mil millones de pesos.
Las barricadas siguen ardiendo, como si la cerrazón y los excesos de ambas partes alimentaran el fuego.
Un fuego que busca ser apagado con el envío de elementos de la Policía Federal Preventiva, meses después de que el gobierno federal hiciera caso omiso a las primeras humaredas.